En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha dictaminado a favor del recurrente en un caso que cuestiona la legalidad del sobreseimiento libre de un proceso penal tras el fallecimiento de una persona bajo custodia policial. La decisión se centra en la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la vida e integridad física, consagrados en la Constitución Española.

Reapertura de la investigación de la muerte de un detenido en custodia municipal

El recurso de amparo fue interpuesto para determinar si las resoluciones judiciales previas habían violado el derecho del recurrente a una tutela judicial efectiva y a la vida, debido a la falta de una investigación adecuada sobre la muerte de Cristóbal Montavez Sánchez mientras estaba detenido en un calabozo municipal. El recurrente argumenta que no se realizaron diligencias necesarias, como la toma de declaraciones de los agentes implicados y del personal de salud que atendió al detenido, lo que impidió esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jódar defendió la desestimación del recurso basándose en un informe de autopsia que indicaba una causa de muerte probablemente suicida y aseguró que se realizaron todas las diligencias pertinentes durante la instrucción del caso. El fiscal, en cambio, solicitó la inadmisión del recurso por extemporaneidad y por no haberse invocado formalmente la vulneración del derecho a la vida en el proceso judicial.

Resolución del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional desestimó los argumentos del fiscal, destacando que se presentaron hechos nuevos que justificaron la reapertura del plazo para interponer el recurso. Además, se determinó que, aunque en las instancias previas no se denunció explícitamente la violación del derecho a la vida, las alegaciones realizadas estaban suficientemente fundamentadas para que los órganos judiciales conocieran y resolvieran sobre la posible vulneración de este derecho en relación con la tutela judicial efectiva.

El tribunal subrayó la importancia de una investigación exhaustiva en casos de muerte bajo custodia policial, alineándose con la jurisprudencia tanto nacional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se enfatizó que la investigación debe ser suficiente y eficaz, especialmente en contextos donde existe una sospecha razonable de malos tratos o torturas, asegurando así la protección de los derechos fundamentales de las personas detenidas.

Conclusión y orden de amparo

Tras analizar la insuficiencia de la investigación llevada a cabo por el juzgado de instrucción y la audiencia provincial, el Tribunal Constitucional concluyó que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la vida e integridad física.