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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que los asesores fiscales deben denunciar a sus clientes cuando identifiquen prácticas potencialmente abusivas o irregulares que puedan derivar en evasión fiscal. Esta obligación, que no alcanza a los abogados, implica que los asesores deberán proporcionar a la Administración Tributaria la identificación de las personas involucradas y los detalles de los actos sospechosos.
Este fallo es resultado de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal belga sobre la validez del artículo 8 bis ter de la Directiva 2011/16, modificada por la Directiva DAC 6, que regula la cooperación administrativa en el ámbito tributario en la UE. La sentencia reafirma la obligación de los intermediarios fiscales de colaborar con las autoridades para prevenir la evasión fiscal.
El TJUE ha dejado fuera de esta obligación a los abogados, que continúan amparados por el secreto profesional. Esta protección se basa en el principio de que los abogados desempeñan un rol fundamental en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en el mantenimiento de la confidencialidad de las comunicaciones con sus clientes. Según el Tribunal, permitir que los abogados revelen información sobre las prácticas de sus clientes vulneraría la confianza necesaria para un asesoramiento jurídico efectivo.
En 2022, el TJUE ya había resuelto que los abogados no estaban obligados a comunicar información a las autoridades fiscales por estar protegidos por el secreto profesional, lo que refuerza su posición como garantes de la justicia y defensores de los derechos fundamentales en una sociedad democrática.
La decisión del TJUE responde a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal de Bélgica tras un recurso presentado por la Asociación Belga de Abogados Fiscalistas. Este recurso impugnaba la obligación de los asesores fiscales de denunciar los mecanismos de planificación fiscal agresiva de sus clientes, tal como lo establece la Directiva DAC 6.
El tribunal belga solicitó al TJUE que evaluara la validez de esta normativa y si podía ser considerada una violación de derechos fundamentales, como el derecho a la vida privada y el secreto profesional. La sentencia del TJUE confirma que la única excepción al deber de denuncia corresponde a los abogados, mientras que otros intermediarios, como los asesores fiscales, contables y auditores, deben cumplir con la obligación de informar.
La decisión del TJUE está fundamentada en la necesidad de proteger el interés general de la Unión Europea en la lucha contra la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva. La Directiva DAC 6 establece un sistema de intercambio de información entre los Estados miembros, permitiendo detectar con mayor rapidez las prácticas abusivas y responder eficazmente a las mismas.
El Tribunal argumenta que la norma es una herramienta clave para prevenir la evasión fiscal, ya que el cumplimiento de la obligación de denuncia por parte de los asesores fiscales es crucial para garantizar que los Estados puedan actuar ante operaciones que pongan en riesgo sus sistemas tributarios. Aunque la obligación de denuncia afecta derechos como el respeto a la vida privada, el TJUE considera que esta limitación está justificada y es proporcional, dado el objetivo de combatir la evasión.
Uno de los puntos clave de la sentencia es que el TJUE rechaza la posibilidad de ampliar la protección del secreto profesional a otros intermediarios, como notarios, auditores o contables. El Tribunal advierte que permitir que todos estos actores se acojan al secreto profesional socavaría la eficacia del sistema de notificación de información fiscal y comprometería la lucha contra la evasión.
La normativa comunitaria ha limitado expresamente esta protección a los abogados, y cualquier ampliación a otros intermediarios pondría en peligro los esfuerzos de los Estados miembros para detectar y actuar sobre prácticas fiscales abusivas.
Impacto en los ciudadanos y fortalecimiento del control fiscal
La sentencia también afecta directamente a los ciudadanos de la Unión Europea, quienes deben informar a la Administración Tributaria de cualquier mecanismo transfronterizo del que tengan conocimiento que pueda representar una práctica fiscal abusiva. Esta obligación se inscribe en el marco de la Directiva DAC 6, que tiene como objetivo garantizar una mayor transparencia y cooperación en la lucha contra la evasión fiscal.
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