El Tribunal General ha declarado ilegal el cálculo de las aportaciones ex ante para 2022 al Fondo Único de Resolución (FUR), realizado por la Junta Única de Resolución (JUR). Esta decisión responde a una impugnación de la entidad de crédito austriaca Hypo Vorarlberg Bank, que argumentó que la JUR se basó en disposiciones jurídicas ilegales y excedió el límite anual permitido.

La Junta Única de Resolución utilizó un Reglamento considerado ilegal

El Tribunal General confirmó que la JUR utilizó un Reglamento de Ejecución del Consejo de la Unión Europea, considerado ilegal porque fue adoptado sobre una base legislativa incorrecta. El Consejo excedió sus competencias al modificar la metodología de cálculo de las aportaciones ex ante, introduciendo un método basado en datos nacionales en lugar de datos de todas las entidades autorizadas en los Estados miembros participantes.

La Junta Única de Resolución superó el límite anual del 12,5%

Además, la JUR superó el límite anual del 12,5% del objetivo final del FUR, estableciendo un nivel de financiación para 2022 que excedía lo permitido. Específicamente, el nivel de financiación anual fija do para 2022 fue de 14.253 millones de euros, cuando no debía superar los 9.998 millones de euros. Esta infracción ya había sido señalada en una sentencia anterior del Tribunal General.

Aunque el Tribunal General anuló la decisión de la JUR, decidió mantener sus efectos provisionalmente para evitar privar al FUR de recursos necesarios para garantizar la estabilidad financiera de la zona euro y de la Unión Europea. Esta medida provisional se mantendrá hasta que se adopten las medidas necesarias para ejecutar la sentencia, con un plazo máximo de doce meses.

Invalidación de la decisión de la Junta Única de Resolución

El Tribunal General ha invalidado la decisión de la JUR sobre las aportaciones ex ante al FUR para 2022 debido a irregularidades en la base jurídica y en el cálculo del límite anual. Sin embargo, ha permitido que la decisión siga vigente temporalmente para evitar riesgos financieros inmediatos, dando tiempo a las autoridades para ajustar el cálculo conforme a la ley.