El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia relevante el 2 de marzo de 2026 en relación con el requisito de empleado a jornada completa en actividades de arrendamiento de inmuebles, exigido por el artículo 27.2 de la Ley del IRPF.
Este requisito resulta determinante para la aplicación de la reducción del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en supuestos de transmisión de empresa familiar.
El caso analizado parte de la donación de participaciones sociales. El contribuyente aplicó la reducción fiscal, pero la Administración la cuestionó al considerar que una sociedad participada no desarrollaba actividad económica.
El motivo fue la ausencia de un empleado en la propia entidad arrendadora, lo que, según la Administración, impedía cumplir el requisito legal.
El Tribunal Supremo corrige esta interpretación y establece que el requisito puede cumplirse a nivel de grupo empresarial. Para ello, es necesario que exista una actividad económica real y una organización efectiva de medios personales.
El Tribunal introduce el concepto de integración funcional, que implica que las distintas sociedades actúan de forma coordinada.
La sentencia rechaza una interpretación formalista del artículo 27.2 LIRPF. El Tribunal considera que lo relevante es la realidad económica, no la ubicación formal del empleado.
También tiene en cuenta el artículo 5.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que permite una visión más amplia de la actividad económica.
Asimismo, destaca la finalidad de la normativa de empresa familiar, orientada a facilitar su continuidad.
Esta doctrina permite a los grupos empresariales centralizar sus recursos humanos sin perder beneficios fiscales. Sin embargo, exige acreditar la existencia de actividad económica real.
En caso contrario, la Administración podrá denegar la aplicación del beneficio.
La sentencia aporta seguridad jurídica y flexibilidad, pero también exige un análisis detallado de cada caso concreto. La clave será demostrar la integración funcional del grupo.
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