La sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 2025 examina la validez de un archivo acordado en un procedimiento relativo al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de un no residente. La cuestión central radica en determinar si un defecto formal en la acreditación de la representación puede justificar la terminación del procedimiento sin pronunciamiento sobre el fondo.
El análisis se articula en torno a la Ley General Tributaria (LGT), la normativa procedimental administrativa y los principios generales del Derecho, en particular la doctrina de los actos propios y el principio de buena fe.
La representación del letrado había sido admitida en fases anteriores del procedimiento, constando en el expediente administrativo. La Administración, tras aceptar reiteradamente dicha representación, exigió un nuevo modelo formal con firma manuscrita y DNI, pese a haberse presentado el recurso mediante certificado digital válido.
La Sala entiende que esta actuación vulnera la doctrina de los actos propios. Conforme a esta doctrina, quien por su conducta crea una situación jurídica no puede posteriormente desconocerla en perjuicio de tercero. La Administración, al haber validado la representación, generó una confianza legítima en el administrado.
El Tribunal también aprecia infracción del derecho del interesado a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración. Este derecho, recogido en la legislación administrativa común, impone a la Administración un deber de coherencia y economía procedimental.
La exigencia reiterada de documentación ya incorporada al expediente constituye un formalismo excesivo. El defecto invocado —ausencia de DNI y firma manuscrita— carecía de relevancia sustantiva al existir firma electrónica reconocida.
La Sala aplica el principio de proporcionalidad y la jurisprudencia constitucional que rechaza decisiones de archivo automáticas ante defectos subsanables. El archivo impidió un pronunciamiento sobre el fondo y generó una situación de indefensión material.
Asimismo, la resolución de archivo omitió la indicación de recursos y plazos, contraviniendo las exigencias formales del procedimiento administrativo y reforzando la nulidad del acto.
Se anulan tanto la resolución del TEAC como el acuerdo de archivo, ordenándose la retroacción para resolver el recurso de reposición. Se imponen costas a la Administración. No se fija doctrina casacional al tratarse de procedimiento ordinario.
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