La Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo se pronuncia sobre la aplicación de la Ley de Represión de la Usura a un contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito en 2014, en el que el interés aplicado al consumidor alcanzaba una TAE del 27,24 %. La resolución confirma la nulidad del contrato en lo relativo al interés remuneratorio y refuerza un criterio jurisprudencial uniforme para analizar cuándo el interés aplicado resulta usurario.
El litigio tiene su origen en la demanda interpuesta por un consumidor que solicitó la nulidad del contrato al considerar que el interés aplicado era notablemente superior al interés normal del dinero y manifiestamente desproporcionado, conforme al artículo 1 de la Ley de Usura.
Tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial estimaron la demanda y declararon la nulidad del contrato en lo relativo al interés aplicado, al apreciar que excedía de forma relevante los valores normales del mercado crediticio.
La entidad financiera interpuso recurso de casación alegando una incorrecta determinación del interés normal del dinero, parámetro esencial para valorar el carácter usurario del interés aplicado. En particular, sostuvo que la Audiencia Provincial había interpretado de forma errónea la jurisprudencia del Tribunal Supremo al tomar como referencia el TEDR publicado por el Banco de España, incrementándolo con un margen adicional para poder compararlo con la TAE efectivamente aplicada al contrato.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia recurrida, reiterando y matizando su doctrina en materia de tarjetas revolving y control del interés aplicado. En concreto, declara que:
El Tribunal concluye que no es contraria a su jurisprudencia una sentencia que, para efectuar la comparación exigida por el artículo 1 de la Ley de Usura, incremente el TEDR publicado por el Banco de España con un margen técnico situado dentro del rango de 0,20 a 0,30 puntos porcentuales. La determinación concreta de ese margen, dentro de dicho intervalo, queda comprendida en el ámbito de la valoración judicial razonada del interés aplicado.
En consecuencia, la Sala confirma que la Audiencia Provincial aplicó correctamente la doctrina del Tribunal Supremo en materia de interés aplicado, desestima el recurso de casación y acuerda la imposición de costas a la entidad recurrente, con pérdida del depósito constituido.
La sentencia refuerza la seguridad jurídica en la litigación masiva sobre tarjetas revolving, al consolidar un método objetivo, homogéneo y predecible para analizar el carácter usurario del interés aplicado. Asimismo, confirma que el ajuste técnico del TEDR dentro del margen fijado por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo no infringe la Ley de Usura, sino que permite una comparación realista con la TAE efectivamente aplicada al consumidor.
