El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por mayoría el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Vox contra el Real Decreto-ley 16/2021, específicamente contra su artículo Segundo. Dos. Este artículo extendía temporalmente, del 4 de agosto al 31 de octubre de 2021, la suspensión de desahucios y lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. El recurso sostenía que esta prórroga vulneraba el derecho de propiedad, la tutela judicial efectiva y excedía los límites del uso del decreto-ley según el artículo 86.1 de la Constitución Española (CE).
La sentencia, con ponencia del magistrado Ramón Sáez Valcárcel, declara la pérdida de objeto de las alegaciones relativas al derecho de propiedad y a la tutela judicial efectiva, ya que la norma ha agotado sus efectos y fue derogada. Sin embargo, el Tribunal consideró que el Gobierno justificó adecuadamente la necesidad urgente y extraordinaria de aprobar la medida mediante decreto-ley, debido a la persistencia de la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia.
El TC determinó que no se vulneraron los límites materiales del uso del decreto-ley en relación con el derecho de propiedad. La prórroga se consideró una medida limitada en su ámbito de aplicación, que no regulaba de forma directa y general el derecho de propiedad de la vivienda, ni afectaba a su contenido esencial. Además, se entendió que la medida respondía a un interés social legítimo: la protección de personas en situación de vulnerabilidad a causa del Covid-19, y que su impacto sobre el derecho de propiedad era mínimo y temporal, pudiendo ser objeto de compensación económica.
No obstante, la sentencia cuenta con el voto particular de cuatro magistrados, quienes discrepan en varios aspectos. Argumentan que el Gobierno no presentó una justificación "explícita y razonada" de la necesidad extraordinaria y urgente para aprobar el decreto-ley. También sostienen que la suspensión de lanzamientos penales afecta al derecho constitucional de propiedad y que una medida de este tipo debería haber sido aprobada por ley del parlamento y no por decreto-ley del Gobierno. Critican que la sucesión de prórrogas ha convertido lo que era una intervención temporal y excepcional en una regulación general e indefinida del derecho de propiedad, algo que va más allá de lo permitido para los decretos-leyes del Gobierno.
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