El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha emitido un fallo en el caso de una trabajadora, que solicitaba ser reconocida con una incapacidad permanente absoluta. La recurrente padecía de un cuadro clínico complejo, incluyendo trastorno disociativo de conversión, episodio ansioso-depresivo e incontinencia urinaria mixta de urgencia. A pesar de estas condiciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social solo le había concedido una incapacidad permanente en grado de total para su ocupación habitual como dependienta.

Este fallo responde al recurso interpuesto por la trabajadora contra la Sentencia 138/2022 del Juzgado de lo Social nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, que había rechazado su solicitud de incapacidad permanente absoluta, manteniendo la calificación de incapacidad permanente total para su profesión de dependienta. La trabajadora argumentaba que sus limitaciones le impedían realizar cualquier tipo de trabajo, incluso aquellos de carácter liviano.

Análisis del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Sin embargo, el Tribunal Superior, tras una cuidadosa revisión, concluyó que, aunque presentaba ciertas limitaciones, éstas no justificaban una incapacidad de grado absoluto. Se consideró que podía desempeñar trabajos sedentarios y livianos, por lo que su capacidad laboral no estaba totalmente abolida.

El Tribunal también destacó la necesidad de diferenciar correctamente entre los distintos tipos de informes médicos, señalando un error en la referencia de la mujer a una pericial médica privada como «informe médico forense». Además, enfatizó que la valoración de la capacidad laboral debe basarse en limitaciones orgánicas y funcionales objetivamente acreditadas, descartando factores personales como la edad o el nivel formativo.

Conclusión y Repercusión del Fallo

Por tanto, el fallo del Tribunal confirmó la sentencia original del Juzgado de lo Social. Este caso resalta la importancia de una evaluación meticulosa y rigurosa por parte de los tribunales superiores en asuntos de incapacidades laborales, subrayando la necesidad de fundamentar estas decisiones en pruebas médicas objetivas y específicas.