El Tribunal Constitucional anula preceptos de la Ley de Vivienda

Sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia 26/2025, de 29 de enero, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad 5514-2023, declarando la nulidad parcial de varios preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El fallo determina que algunos artículos de la norma vulneran el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y afectan derechos fundamentales como la propiedad privada y la tutela judicial efectiva.

Fundamentos de la impugnación

Los recurrentes argumentaban que la Ley 12/2023 invadía competencias autonómicas y restringía derechos fundamentales. Las principales cuestiones impugnadas fueron:

• Competencias en urbanismo y vivienda: Se alegaba que la norma imponía medidas que correspondían a las comunidades autónomas en la gestión del suelo y la vivienda pública.
• Autonomía financiera: La ley establecía obligaciones para las administraciones locales y autonómicas en la gestión de ingresos derivados de sanciones y enajenaciones de viviendas públicas.
• Derecho de propiedad (art. 33 CE): Se cuestionaban las limitaciones al precio del alquiler en zonas de mercado tensionado y la obligación de destinar suelo a vivienda social.
• Acceso a la justicia (art. 24 CE): Se denunciaba que la exigencia de requisitos adicionales para la admisión de demandas de desahucio por parte de grandes tenedores restringía el derecho a la tutela judicial efectiva.

Decisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal ha dictaminado la nulidad parcial de varios preceptos de la Ley 12/2023:

• Requisitos para la admisión de demandas de desahucio: Se anulan por considerar que imponen trabas procesales desproporcionadas a los grandes tenedores.
• Limitaciones a la renta de alquiler en zonas tensionadas: El Tribunal considera que afectan el derecho de propiedad y exceden la función social que puede imponer el legislador.
• Gestión del suelo y vivienda pública: Se eliminan las disposiciones que invadían la competencia autonómica en materia de urbanismo.

No obstante, el Tribunal mantiene otros artículos de la ley, al considerar que se enmarcan dentro de la planificación económica estatal.

A nivel normativo, la anulación de estos artículos obligará a una revisión legislativa para adaptar la Ley 12/2023 a los límites constitucionales fijados por el Tribunal.