Protección frente a decisiones sin intervención humana

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reforzado la protección de los ciudadanos ante decisiones automatizadas basadas en datos personales. La sentencia surge a raíz de la negativa de una empresa a conceder un servicio telefónico a un usuario, basándose en una puntuación de solvencia generada sin intervención humana. Esto abrió el debate sobre hasta qué punto las empresas deben explicar la lógica de sus algoritmos.

El derecho a una explicación detallada

El TJUE ha determinado que las personas afectadas por este tipo de decisiones tienen derecho a:

·       Conocer cómo se calculó su puntuación.

·       Saber qué criterios y datos se emplearon.

·       Recibir una explicación clara y comprensible.

No es suficiente con comunicar un simple número o mencionar factores genéricos como “criterios sociodemográficos”. La explicación debe permitir a la persona entender por qué recibió una determinada calificación.

Garantía de transparencia y derecho a rectificación

El fallo del TJUE no solo garantiza la transparencia, sino que también permite a los afectados:

• Impugnar decisiones que consideren erróneas o injustas.
• Corregir datos inexactos utilizados en la evaluación.

El objetivo es que los ciudadanos tengan control sobre las decisiones automatizadas que afectan su acceso a servicios esenciales.

Secreto comercial vs. derecho a la información

Las empresas pueden alegar la necesidad de proteger su propiedad intelectual o secretos comerciales. Sin embargo, el TJUE ha dejado claro que este argumento no puede utilizarse para negar toda información al usuario. En caso de conflicto, las autoridades competentes deberán decidir qué información es imprescindible para garantizar la transparencia sin comprometer datos sensibles.

Impacto en múltiples sectores

Esta decisión afecta a todos los ámbitos donde se utilicen algoritmos para evaluar a las personas, como:

• Concesión de préstamos y créditos.
• Determinación de precios en seguros.
• Contratación de servicios y procesos de selección laboral.

Cualquier persona afectada podrá exigir que se le explique, de manera detallada y comprensible, cómo se tomaron decisiones basadas en sus datos.

Conclusión: un avance en la protección digital

Con este fallo, el TJUE refuerza el derecho de los ciudadanos a conocer y cuestionar las decisiones automatizadas que los afectan. Esto se alinea con los principios de transparencia y tutela efectiva del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), asegurando que los usuarios puedan comprender y controlar el uso de su información en la era digital.