El Tribunal Constitucional, en su sentencia STC 3672-2022, ha reconocido la vulneración del derecho fundamental a la integridad moral de un policía local que sufrió acoso laboral tras denunciar a varios compañeros. La inacción de la administración permitió que se consolidara un entorno laboral hostil, atentando contra la dignidad del agente y constituyendo una grave violación de sus derechos.

Motivos de la decisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional recalca que el derecho a la integridad moral, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Española, no solo protege frente a tratos inhumanos y degradantes, sino también ante situaciones de hostigamiento sistemático en el entorno laboral. En este caso, el agente fue sometido a un ambiente de aislamiento, represalias y menosprecio, consecuencias directas de sus denuncias.

Elementos clave de la sentencia

1. Entorno laboral degradante: Se probó que, tras sus denuncias, el policía local fue objeto de un hostigamiento persistente con el propósito de deteriorar su posición profesional y su estabilidad emocional.
2. Inacción de la administración: A pesar de las reiteradas denuncias, la administración no adoptó medidas efectivas para frenar el acoso, permitiendo que la situación se prolongara en el tiempo.

La responsabilidad de la administración en casos de acoso laboral

El Tribunal enfatiza que las instituciones públicas tienen la obligación de prevenir y actuar con diligencia ante el acoso laboral. En este caso, la administración, al no tomar medidas oportunas, no solo permitió la perpetuación del hostigamiento, sino que también incumplió su deber de garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso para el funcionario afectado.

Además, el fallo subraya que la falta de respuesta institucional ante estas situaciones puede causar un grave menoscabo en la dignidad de la víctima, afectando su salud mental y estabilidad personal. El acoso laboral en la función pública no solo daña la esfera profesional, sino que genera un profundo sufrimiento emocional y psicológico en la persona afectada.

Conclusión: una sentencia clave contra el acoso laboral en el sector público

La STC 3672-2022 no solo reconoce la vulneración del derecho a la integridad moral del policía local, sino que también refuerza la obligación de la administración pública de atender con celeridad y seriedad las denuncias por acoso laboral.

El Tribunal Constitucional concluye que la prolongación del hostigamiento, sumada a la inacción administrativa, consolidó un ambiente de represalias y menosprecio, lo que resultó en una clara vulneración de los derechos fundamentales del agente.

Esta sentencia marca un precedente importante en la protección de los empleados públicos frente al acoso institucional, subrayando la responsabilidad del Estado en la prevención y erradicación de estas prácticas.