El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de cuatro años y seis meses de prisión para dos administradores de una empresa de reformas, declarados culpables de estafar a seis clientes. Además, el tribunal mantiene la obligación de indemnizar a los perjudicados con 85.824,46 euros y ratifica la multa de diez meses con una cuota diaria de seis euros para cada condenado.
La Audiencia Provincial de León, en su fallo original, expuso cómo los condenados publicitaban su empresa en plataformas digitales, aparentando una solvencia que en realidad no poseían. Atraían clientes a través de redes sociales, ofreciendo servicios de remodelación que nunca tenían la intención de finalizar.
Para ganar credibilidad, enviaban empleados a inspeccionar los inmuebles y generar presupuestos detallados. Una vez que los clientes aceptaban las condiciones, firmaban un contrato y realizaban un primer pago. Posteriormente, los acusados iniciaban las obras de manera mínima y exigían nuevos desembolsos bajo el argumento de cubrir costos de materiales o mano de obra. Tras recibir estos pagos adicionales, abandonaban los trabajos sin previo aviso y dejaban de responder a los clientes.
El tribunal ha considerado que la sentencia de la Audiencia Provincial está respaldada por pruebas suficientes y que no existe vulneración del derecho a la presunción de inocencia. En su resolución, se señala que los informes periciales han demostrado que las obras quedaron inconclusas y que las cantidades pagadas no fueron destinadas a los trabajos comprometidos.
Los magistrados concluyen que el fallo de primera instancia se ajusta a derecho, al quedar acreditada la intención fraudulenta de los condenados y el perjuicio económico causado a las víctimas. Los peritajes aportados por la defensa no fueron suficientes para contradecir las pruebas presentadas por los afectados.
Esta sentencia reafirma la responsabilidad penal en casos de estafa en el ámbito de la construcción, resaltando la obligación de las empresas de reformas de cumplir con los contratos firmados. Además, refuerza la protección de los consumidores frente a prácticas fraudulentas, estableciendo un precedente para otros casos similares.
Las víctimas de fraudes de esta naturaleza cuentan con herramientas legales para reclamar sus derechos y exigir compensaciones por los daños sufridos.
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